El Centro Estadounidense del PEN se unió a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras importantes organizaciones para desafiar al Gobierno estadounidense por la constitucionalidad de una nueva ley de espionaje.
Según el grupo de derechos la recientemente promulgada Ley de Enmienda de la Ley de Espionaje de Inteligencia Federal (FISA) otorga a la administración facultades para realizar y ampliar las actividades de escucha ilegales a las que se ha dedicado en secreto desde el año 2001.
Los grupos de derechos humanos dicen que el Gobierno podrá practicar un espionajes "amplio y virtualmente sin reglamentos" de las comunicaciones internacionales de sus residentes y ciudadanos sin identificar a personas específicas ni obtener una orden judicial de FISA específica. Tampoco necesita especificar que el objetivo del espionaje esté realmente vinculado con el terrorismo, aunque la amenaza a la seguridad nacional fue la justificación de la administración para enmendar la ley.
La ACLU también desea saber qué ocurre con la información obtenida por espionaje que recoge el gobierno, después de que se considera que no espertinente para un caso específico.
El PEN, que cree que sus comunicaciones rutinarias con escritores y activistas de derechos humanos en el extranjero son vulnerables al monitoreo bajo el programa, calificó a la ley de violación innecesaria a las protecciones constitucionales contra búsquedas y decomisos fuera de lo razonable.
"El conocimiento de que estos intercambios podrían ser monitoreados por el Gobierno estadounidense socava la confianza necesaria para que reunamos información crucial y sirvamos como defensores creíbles y eficaces ", dice el PEN.
Lo mismo se aplica a los periodistas, dice un miembro de la coalición, la revista "The Nation". "Esta ley amenaza su capacidad para obtener información crucial", dice el editor de la revista.
El PEN dice que la ley podría también socavar los derechos de todos los ciudadanos estadounidenses al dedicarse a conversaciones privadas por teléfono e Internet sin temor de que el Gobierno esté escuchando.
"El pueblo estadounidense, que ha perdido la seguridad de saber que sus comunicaciones sólo pueden ser vigiladas si el Gobierno obtiene una orden judicial de FISA, tal vez nunca sepan el alcance del programa y la forma en que se está usando", dice el PEN.
La Ley de Espionajes de Inteligencia Extranjera (FISA) original, promulgad aen 1978 tras revelaciones de que el Gobierno había estado espiando a ciudadanos estadounidenses sin causa, exige que el Gobierno busque la aprobación de un tribunal secreto para efectuar programas de espionaje en EE. UU. "The New York Times" reveló que la administración Bush autorizó un nuevo programa de espionaje tras el 11 de septiembre de 2001 que simplemente pasó por alto la FISA.
Un dramático testimonio del congreso del año pasado reveló que la administración volvió a autorizar repetidamente el programa, a pesar del punto de vista del departamento de Justicia de que algunos aspectos clave del programa eran ilegales.
Según el PEN, los clientes de compañías de telecomunicaciones que participaron en el programa han interpuesto más de 40 demandas contra éstas. La Ley de Enmiendas de la FISA también concede inmunidad a las compañías de telecomunicaciones, y así hace que las demandas sean discutible, lo que muchos creen que era el mejor medio disponible para denunciar el espionaje ilegal.
Si la coalición pierde en el tribunal de la FISA, posiblemente no haya otra oportunidad de poner riendas al amplio espionaje gubernamental durante almenos el resto del periodo legislativo, y posiblemente más tiempo. Aunque el Congreso puede examinar las leyes, ambos candidatos presidenciales favorecen la ley.
Más de 50,000 personas firmaron ya un anuncio de campaña de la ACLU destinado para "The New York Times" el 17 de julio en:http://tinyurl.com/5hqnlm
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