El 25 de enero de 2009 el pueblo boliviano está llamado a las urnas, para ratificar en referéndum la nueva Constitución que el presidente Evo Morales Ayma impulsó a partir del 22 de enero de 2006, cuando accedió a la presidencia de la República. Desde la primera sesión, en agosto de 2006, de la Asamblea Constituyente encargada de elaborarla, el propio principio de la nueva Carta Magna generó una violenta polarización política en la que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, lo mismo que sus representantes, fueron a la vez protagonistas y víctimas.
La oportuna intervención de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) en septiembre de 2008, y el consenso logrado un mes más tarde entre el gobierno y el principal partido de la oposición (Podemos), frenaron parcialmente una crisis política dañina para la seguridad de los periodistas y la libertad de informar. Sin embargo, el hecho de que se apruebe una Constitución no será suficiente ni para resolver los antagonismos del pasado, ni para impedir las derivas del futuro. Con el objetivo de contribuir a la paz y la salvaguarda de las libertades públicas, Reporteros sin Fronteras dirige la siguiente declaración a los ciudadanos, los dirigentes políticos y los medios de comunicación.
Contra los medios de comunicación del odio
Reporteros sin Fronteras, organización de defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión, considera que es su deber denunciar la utilización de los medios de comunicación para incitar al racismo, la violencia, e incluso el asesinato. Por eso, la organización condenó el comportamiento de Jorge Melgar Quete, arrestado el 13 de octubre de 2008 en Riberalta, cuyas crónicas en el canal regional de Beni, Canal 18, eran odiosas vociferaciones contra una población y un presidente democráticamente elegido, a causa de sus orígenes indígenas. El secretario general de Reporteros sin Fronteras, Jean-François Julliard, se manifestó indignado ante dichas palabras en un artículo de opinión, publicado el 21 de octubre de 2008, en los diarios La Razón y La Prensa. También es ese el motivo de que la organización decidiera hacer públicos en su sitio Web, a título de advertencia, algunos extractos de "Nuestra palabra", otro programa del odio que anima el abogado Luis Arturo Mendivil en la emisora de su propiedad, Radio Oriental, en Santa Cruz. En particular, sus "crónicas" glorifican a la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo radical autor de múltiples ataques a medios públicos, como el Canal 7 o la cadena radiofónica Red Patria Nueva, estigmatizados por su proximidad al gobierno de La Paz.
Contra la "guerra mediática"
Reporteros sin Fronteras, organización de defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión, considera que es su deber denunciar la utilización de los medios de comunicación para incitar al racismo, la violencia, e incluso el asesinato. Por eso, la organización condenó el comportamiento de Jorge Melgar Quete, arrestado el 13 de octubre de 2008 en Riberalta, cuyas crónicas en el canal regional de Beni, Canal 18, eran odiosas vociferaciones contra una población y un presidente democráticamente elegido, a causa de sus orígenes indígenas. El secretario general de Reporteros sin Fronteras, Jean-François Julliard, se manifestó indignado ante dichas palabras en un artículo de opinión, publicado el 21 de octubre de 2008, en los diarios La Razón y La Prensa. También es ese el motivo de que la organización decidiera hacer públicos en su sitio Web, a título de advertencia, algunos extractos de "Nuestra palabra", otro programa del odio que anima el abogado Luis Arturo Mendivil en la emisora de su propiedad, Radio Oriental, en Santa Cruz. En particular, sus "crónicas" glorifican a la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo radical autor de múltiples ataques a medios públicos, como el Canal 7 o la cadena radiofónica Red Patria Nueva, estigmatizados por su proximidad al gobierno de La Paz.
Contra la "guerra mediática"
Cuatro prefectos de departamentos autonomistas - Rubén Costas (Santa Cruz, Este), Savina Cuellar (Chuquisaca, Sur), Mario Cossío (Tarija, Sur) y Ernesto Suárez (Beni, Norte) - reiteraron el 13 de enero de 2009 su oposición a la nueva Constitución. Naturalmente, ese rechazo forma parte de sus derechos democráticos. Sin embargo, es su deber oponerse a cualquier instrumentación que, en su nombre, hagan los medios con fines odiosos y violentos, y a cualquier ataque a medios o periodistas que a priori no están a favor de ellos. Las autoridades y militantes que se reclaman del gobierno, o de la mayoría en el poder - como el Comité Cívico Popular de La Paz -, también tienen que respetar este principio en relación con los medios privados o considerados cercanos a la oposición. Algunas declaraciones del propio presidente Evo Morales, cuestionando la "dignidad" de los periodistas, generaron fuertes protestas entre la profesión el 15 de diciembre de 2008, en La Paz. Finalmente, el actual desarrollo de los medios públicos - y entre ellos un diario - hace temer la aparición de una prensa estatal, que estaría subordinada al poder. Una nueva prensa pública no puede identificarse con una prensa del Estado, destinada a replicar con las mismas armas los ataques de una parte de la prensa de oposición. Sin embargo, la promoción de ese tipo de prensa no tiene, en sí misma, nada de ilegítimo, siempre que las autoridades den garantías acerca de su independencia.
Contra la impunidad
La ampliación de agresiones y ataques a la prensa durante la crisis política hizo que Bolivia pasó al lugar 115 (entre 173 países censados) en la clasificación mundial elaborada por Reporteros sin Fronteras en el año 2008, lo que representa una caída de 47 puestos comparado con el año anterior. Un retroceso que debe mucho a la muerte, el 29 de marzo de 2008, del periodista de 31 años Carlos Quispe Quispe, de la emisora de Radio Municipal Pucarani (Departamento de La Paz, Oeste). Retrasado varias veces, el juicio de los presuntos asesinos todavía no se celebró. Tampoco tuvo seguimientos la inculpación por "terrorismo" del subteniente del ejército George Peter Nava Zurita y otras once personas, tras el atentado con explosivos a los locales de la televisión privada Canal 4-Unitel, que tuvo lugar el 21 de junio de 2008 en Yacuiba, en el Departamento de Tarija. De la misma forma tampoco hubo justicia en los casos de los atentados a Canal 7 y Red Patria Nueva en Santa Cruz. De momento, tan solo se puso en arresto domiciliario, y tardíamente, el pasado 14 de noviembre, a un único responsable del Comité Cívico Popular de La Paz, Adolfo Cerrudo, acusado de varias agresiones a la prensa y entre ellas de una amenaza de violación a una periodista del diario La Razón, en marzo de 2008. La impunidad hace que sean palabras vanas la protección de las libertades públicas y la seguridad de los periodistas. La justicia no es un asunto de ideología o pertenencia política. En este caso pasa también por un diálogo, que continúa en espera, entre el gobierno, la clase política en su conjunto y los representantes de la profesión.
La Constitución
Reporteros sin Fronteras carece de mandato para juzgar el conjunto de un texto constitucional, cuya apreciación pertenece al soberano pueblo boliviano. Es cierto que el artículo 108 (inciso 2) del proyecto de nueva Carta Magna generó una auténtica polémica en su redacción inicial, según la cual "la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad". A petición de seis organizaciones profesionales, el inciso se completó en octubre de 2008 con una referencia a "la autorregulación" de los medios que, según Reporteros sin Fronteras, es la propia definición de la "responsabilidad" que les incumbe.
Por otra parte, el artículo 106 reafirma "el derecho a la comunicación y el derecho a la información" (inciso 1), así como "las libertades de expresión, opinión e información, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa" (inciso 2). Finalmente, el artículo 107 (inciso 3) dispone que "los medios no podrán conformar, de manera directa o indirecta, en monopolios u oligopolios" y compromete al Estado no solo a reconocer, sino también a "apoyar la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades". Sin embargo, la Constitución, conforme a la jurisprudencia interamericana, no resuelve la cuestión de la concesión de frecuencias, ni la de las condiciones de acceso a la información pública, que ahora es objeto de un proyecto de ley muy discutido. Pero no hay que equivocarse de debate. Contra cualquier reanudación de la "guerra mediática", Reporteros sin Fronteras quiere creer en un único principio: el del pluralismo de opiniones y la libre circulación de ideas en todos los medios de comunicación, sea cual sea su tendencia. La campaña del referéndum es una excelente ocasión para demostrarlo.
Por otra parte, el artículo 106 reafirma "el derecho a la comunicación y el derecho a la información" (inciso 1), así como "las libertades de expresión, opinión e información, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa" (inciso 2). Finalmente, el artículo 107 (inciso 3) dispone que "los medios no podrán conformar, de manera directa o indirecta, en monopolios u oligopolios" y compromete al Estado no solo a reconocer, sino también a "apoyar la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades". Sin embargo, la Constitución, conforme a la jurisprudencia interamericana, no resuelve la cuestión de la concesión de frecuencias, ni la de las condiciones de acceso a la información pública, que ahora es objeto de un proyecto de ley muy discutido. Pero no hay que equivocarse de debate. Contra cualquier reanudación de la "guerra mediática", Reporteros sin Fronteras quiere creer en un único principio: el del pluralismo de opiniones y la libre circulación de ideas en todos los medios de comunicación, sea cual sea su tendencia. La campaña del referéndum es una excelente ocasión para demostrarlo.
