AMERICAS/CHILE: Se aprueba ley de acceso a información pública; SIP insta a otros países a que hagan lo mismo

FUENTE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Miami

(SIP/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 12 de agosto de 2008:

Beneplácito de la SIP por aprobación de ley de acceso en Chile

Asimismo, la organización ratificó su pedido a los legisladores de Brasil y Guatemala para que se destraben las negociaciones y se sancionen regulaciones sobre transparencia oficial. Exhorta también a los Congresos de Argentina y Paraguay a retomar los debates.

Miami (12 de agosto de 2008) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su beneplácito por la aprobación de la ley de acceso a la información pública en Chile, considerándola una legislación "con la que sedio un paso decidido e importante que garantiza y profundiza los plenos derechos democráticos de sus ciudadanos".

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sancionó ayer la Ley sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de los Órganos de la Administración del Estado, que obliga a todos las instancias estatales a entregar, en un plazo de 20 días, la información solicitada por los ciudadanos.

El presidente de la SIP, Earl Maucker, saludó la medida que dijo "suma a Chile al concierto de naciones que han entendido el valor democrático de abrir y poner a disposición de la población en general el accionar, funcionamiento y disposiciones de la administración del Estado".

Maucker, editor y vicepresidente del diario Sun-Sentinel del sur de la Florida, consideró que con la sanción de la ley "se dio un paso decidido e importante que garantiza y profundiza los plenos derechos democráticos de sus ciudadanos".

La ley, que entrará en vigencia en abril del 2009, contará con el Consejo para la Transparencia - nombrado por el Presidente con acuerdo del Senado -cuerpo responsable de garantizar su cumplimiento y al que podrán recurrir los ciudadanos cuando se le niegue el acceso a la información. La nueva legislación es la reglamentación del artículo 8 de la Constitución y obliga a todas las dependencias oficiales de nivel central, regional o comunal.

Por su parte, Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad dePrensa e Información de la SIP, quien también aplaudió la sanción de la ley en Chile, reiteró la solicitud de julio pasado al presidente de Guatemala, Alvaro Colom, de una pronta aprobación en el Congreso de ese país de la iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública.

Marroquín, director del periódico Prensa Libre de Guatemala, subrayó también la necesidad de que en los países americanos que cuentan con estas leyes - Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana - "se establezcan campañas informativas dirigidas a que los ciudadanos aprendan de la existencia de la ley y a cómo utilizarla".

Las autoridades de la SIP reclamaron públicamente a las autoridades de Argentina y Paraguay para que retomen los debates sobre acceso a la información pública, ya que en ambos países hubo proyectos de ley en el Congreso, apoyados por instituciones de la sociedad civil, que terminaron por diluirse tras arduos debates legislativos.

La SIP viene presionando sobre estas leyes con mayor ímpetu desde 1994 en que este principio de soberanía de los ciudadanos fue incorporado en la Declaración de Chapultepec en su artículo 3, que establece lo siguiente: "Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar susfuentes de información".

VENEZUELA: Periodistas agredidos en hechos distintos por guardias de senadora colombiana y simpatizantes de partido político

(IPYS/IFEX) - Periodistas fueron agredidos en dos hechos separados por grupos distintos el 1 y 6 de agosto de 2008.

El 1 de agosto, una periodista de RCTV Internacional, Jessica Flores, y un reportero gráfico del diario "El Carabobeño", Frederick Mills, fueron golpeados por un agente de seguridad de la senadora colombiana Piedad Córdoba, cuando intentaban cubrir la visita inesperada que realizó la parlamentaria a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo electoral de Venezuela.

Flores dijo al IPYS que cuando intentó acercarse a la senadora para preguntarle el motivo de su visita, fue agredida por un guardaespaldas.

Mills relató al IPYS que uno de los efectivos de seguridad de la senadora también lo empujó y que luego el chofer del vehículo en el que se trasladaba Córdoba abrió la puerta del carro y lo golpeó en el brazo derecho.

IPYS protesta por estos actos de violencia que obstaculizan el trabajo de la prensa.

El 6 de agosto, el periodista Carlos Sulbarán y su camarógrafo Carlos Moya, de la televisora Telellano, así como la comunicadora social Aida Charitin y el reportero gráfico Iván León, del diario "De Frente", fueron agredidos e insultados por simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el estado Barinas, al sur del país.

Sulbarán relató al IPYS que recibieron empujones y manotazos en el rostro. A Moya le taparon el lente de la cámara para impedir que siga cubriendo y a Charitín le tiraron su grabadora y teléfono celular al suelo.

Las agresiones se produjeron cuando los periodistas cubrían una rueda de prensa de presentación de los candidatos a la gobernación del estado Barinas y al Consejo Legislativo Regional. La postulación de algunos nombres provocó el descontento de un sector de seguidores del PSUV, molestos por la exclusión de sus candidatos. Algunos protestantes entraron por la fuerza al recinto y causaron destrozos delante de los periodistas.

Ninoska Grima, jefe de la gubernamental Oficina Regional de Información, le dijo al periodista Sulbarán que no grabara los desmanes. Al mismo tiempo, personal de seguridad del PSUV amenazó con agredir a Moya si seguía grabando. También le dijeron que lo habían registrado en fotografías y que sólo faltaba ubicar su lugar de residencia.

Posteriormente, cuando dieron por terminado su trabajo, Sulbarán y su camarógrafo fueron al canal y cuando llegaron les informaron que Grima había realizado una llamada al presidente de Telellano prohibiendo que se sacaran imágenes de lo ocurrido. Las imágenes no fueron difundidas.

Sulbarán solicitó no cubrir más la fuente del PSUV en vista de lo ocurrido.

IPYS rechaza estas agresiones y esta acción de censura por parte de una funcionaria gubernamental que violentan el derecho de estos periodistas a realizar su trabajo y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

AMÉRICAS: ARTICLE 19 celebra adopción de resolución sobre derecho a saber por Comité Jurídico Interamericano de la OEA

FUENTE: ARTICLE 19, Londres

El 7 de agosto de 2008, el Comité Jurídico Interamericano, órgano oficial de la Organización de Estados Americanos (OEA), adoptó la Resolución CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08) Principios sobre el Derecho al Acceso a la Información. La Resolución, como indica el título, establece una serie de principios sobre el derecho a la información, incluyendo el reconocimiento del acceso a la información en manos de instituciones públicas como un derecho humano fundamental.


"ARTICLE 19 celebra la adopción por parte del Comité Jurídico Interamericano de estos principios, los cuales aportan una orientación valiosa sobre los ámbitos e implicaciones del derecho a la información," señaló la Dra. Agnès Callamard, Directora Ejecutiva de ARTICLE 19. "Estos principios serán muy útiles en la defensa y promoción de un reconocimiento más amplio de este derecho en las Americas y en otras partes del mundo."


La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho a la información de manera implícita en la garantía del derecho a la libertad de expresión en su decisión del 19 de septiembre de 2006 sobre el caso Claude Reyes y Otros vs. Chile. La Resolución del Comité elabora algunos detalles sobre las obligaciones específicas de los Estados al garantizar el derecho a la información. Además de otras puntualizaciones, la Resolución hace un llamado para que:

- Los órganos reguladores sean definidos de manera amplia


- Establecimiento de reglas claras, justas y no discriminatorias para procesar solicitudes de información

- Reconocimiento del derecho de apelación ante un órgano administrativo ante las fallas al momento de instrumentar este derecho

- Establecimiento de sanciones para quienes de manera deliberada obstruyan el acceso a la información.

COLOMBIA: Periodista-sociólogo enfrenta cargos tras artículo sobre poderosos presuntamente ligados al paramilitarismo en Valledupar

FUENTE: Federación Internacional de Periodistas, Bruselas

(FIP/IFEX) - El 12 de agosto de 2008, el sociólogo, periodista y escritor Alfredo Molano debe comparecer ante un juez para responder, en audiencia preparatoria, por los cargos de injuria y calumnia presentados en su contra. El Centro de Solidaridad de la FIP y la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), quieren manifestar su preocupación por lo que parece ser un nuevo capítulo de acoso judicial que, de manera intermitente pero constante, busca silenciar voces críticas en los medios de comunicación.

En febrero de 2007 Molano publicó en el diario "El Espectador" una columna titulada "Araújos et al". Por esta columna de opinión, Molano fue denunciado ante la Fiscalía, donde le formularon cargos por injuria y calumnia.

Los querellantes son Andrés Alfredo Araujo Ariza y Andrés Alfredo Rafael Molina Araujo. Ellos, además, exhiben poderes de Hernán Felipe Araujo Ariza y Maria Mercedes Molina Araujo.

El artículo 20 de la Constitución Política señala que "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura".

Molano afirmó en una carta enviada a diferentes organizaciones sociales que los denunciantes exigieron que la única conciliación posible consistía en la publicación de una rectificación en el diario "El Espectador", previa aprobación de su texto por parte de ellos. Molano se negó por considerar esta propuesta un atentado a la libre expresión.

En la diligencia de conciliación, Molano declaró que solo estaba dispuesto a precisar su opinión consultando a ciudadanos de Valledupar sobre la conducta histórica de los notables de la región. Los abogados querellantes no aceptaron la propuesta.

En la audiencia pública de formulación de imputación realizada el 6 de mayo, uno de los argumentos de la defensa del columnista, es que los notables de Valledupar no son solamente los Araujo y por tanto los señalamientos hechos no necesariamente implican a los Araujo. Según la defensa la intención de Molano fue la de pintar un clima social y político donde los Araujo viven y actúan.

Ceso-FIP viene denunciando una perversa modalidad de restricción a la libertad de expresión y de información: el acoso judicial. Así lo manifestó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencia celebrada en el 2007 y en su informe presentado para el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas en julio de 2008.

Recientemente en Colombia se ha incrementado la práctica de intimidación a los periodistas por medio de acciones judiciales que da origen al debate sobre el acoso judicial y la necesidad de despenalizar los que comúnmente se conocen como "delitos de prensa".

El clima de polarización e intolerancia se traslada ahora a los estrados judiciales donde se busca restringir la libertad de opinión. Esta restricción no sólo se afecta el derecho de quien ahora está siendo procesado, sino también el derecho de toda la sociedad a conocer las opiniones de una persona que ha estudiado sobre el terreno la realidad de muchas regiones de Colombia. Estas opiniones que pretenden castigarse pueden servir para que los ciudadanos se construyan su propio criterio sobre lo que sucede en el país.

Esta modalidad de presión, el acoso judicial, busca cerrar el camino a quienes se han resistido a ceder ante la autocensura.

El acoso judicial con el que se pretende restringir la libertad de expresión y opinión es un arma contra la democracia. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que "la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública (. .. ) Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre".

Si se pierde ese derecho fundamental a la libertad de expresión, se pone en peligro la vigencia de todos los demás valores y principios imperantes en una sociedad democrática.

BOLIVIA: El referéndum transcurre con algunas agresiones aisladas contra la prensa

(RSF/IFEX) -

"Con motivo del referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008, que ponía en juego el mandato del presidente Evo Morales y el de ocho gobiernos regionales, se produjeron pocos actos violentos contra la prensa. Mientras que se podía temer lo peor, teniendo en cuenta el tenso contexto político existente, nos hemos sentido aliviados por el clima relativamente tranquilo en que se han celebrado las votaciones. Sin embargo, condenamos la decena de ataques dirigidos a periodistas y medios de comunicación ocurridos en los días anteriores", ha declarado RSF.

El 1 de agosto de 2008 un policía atacó con gas lacrimógeno a Silvia Gómez, del canal privado de televisión PAT, cuando cubría un enfrentamiento entre miembros de la Unión Juvenil de Santa Cruz (oposición) y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), partido del presidente Morales.

El 3 de agosto unos partidarios del gobierno insultaron a varios periodistas, y entre ellos a Carlos Hugo Vaca de la agencia Reuters, cuando seguían el paso de una caravana de partidarios del MAS en Santa Cruz. A Hugo Vaca le pegaron y le acusaron de tener relaciones con el poder económico de la región.

El 5 de agosto los estudiantes de una universidad pública atacaron los locales del canal privado de televisión Unitel-Oruro. El canal tuvo que suspender la programación durante 24 horas. Juan Carlos Soria, responsable de Unitel-Oruro, ha indicado que sin duda la agresión está relacionada con el hecho de que el canal tiene su sede en Santa Cruz, bastión de la oposición.

También el 5 de agosto, en Oruro, unos mineros arrojaron al suelo y molieron a golpes a Dehymar Antezana, de "La Patria". El periodista iba a fotografiar el ataque a pedradas de un convoy militar, de camino hacia Cochabamba. El periodista tuvo que acudir al hospital para que le atendieran.

El 6 de agosto recibieron una paliza Edwin Flores, de la emisora privada Radio Patujú, Adalberto Egüez, camarógrafo de Canal 11 Televisión Universitaria y Rubén Villán, periodista independiente, cuando cubrían la llegada de Morales a Trinidad, en el final de campaña. Unos miembros del Comité Cívico de Trinidad insultaron y molieron a golpes a Flores.

El 10 de agosto fueron agredidas Mili Saravia y María Luz Arce, de la emisora progubernamental de radio Patria Nueva, cuando cubrían las votaciones en dos escuelas de Tarija. A Mili Saravia le arrojaron piedras, sobre todo un tal Gutiérrez, que formaría parte del Comité Cívico de la ciudad. Saravia fue agredida cuando pedía explicaciones acerca de la existencia de listas paralelas. Fue violentamente atacada por miembros de los colegios electorales de la escuela de San Roque, que querían saber en qué medio de comunicación trabajaba. Después señalaron su presencia a la policía.

BOLIVIA: Periodistas agredidas por dirigentes cívicos en Tarija, pormanifestante en la carretera Cochabamba-La Paz

FUENTE: El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Lima

(IPYS/IFEX) - IPYS se preocupa por dos acontecimientos recientes en que periodistas fueron agredidos mientras realizaban su trabajo.

El 5 de agosto de 2008, en la ciudad de Tarija, al sur de Bolivia, dirigentes cívicos de ese departamento amenazaron al personal de Televisión Boliviana en el aeropuerto de esa ciudad, según denunció Reynaldo Vargas, jefe de prensa de ese canal.

Varios periodistas esperaban en el aeropuerto la llegada de los presidentes de Bolivia, Argentina y Venezuela cuando los dirigentes, opositores al gobierno, identificaron a la periodista Heidy Campos y a su camarógrafo como reporteros del canal estatal y los amenazaron e impidieron que hagan imágenes con sus videograbadoras.

La visita de los mandatarios de los países mencionados se suspendió debido al clima de tensión en esa ciudad y a la falta de garantías para su arribo.

En otro caso, que ocurrió también el 5 de agosto, el periodista Alejandro Mendoza y el camarógrafo Wilson Menchaca, de la Red Boliviana ATB, fueron agredidos con piedras por un maestro que protagonizaba un bloqueo en la carretera Cochabamba-La Paz. El docente arremetió contra el camarógrafo y rompió la videograbadora.

Mendoza relató a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que llegaron al lugar del bloqueo para entrevistarse con los maestros que protestaban contra el gobierno; ellos exigen la aprobación de una Ley de Pensiones (jubilación).

Entre los entrevistados, los periodistas hallaron a un grupo de niños que se quejó por la huelga de los profesores. Un maestro, que no se identificó, escuchó estas declaraciones y se abalanzó contra los periodistas, rompiendo la cámara y el micrófono. Luego lanzó piedras contra los reporteros para impedir que continúen con la cobertura.

El restaurante más caro de Etiopía

Por: Juan Pablo Meneses.

De los 75 millones de habitantes que tiene el país, más de 15 millones están bordeando la línea de la hambruna. A esto hay que agregar la crisis mundial de alimentos que vive el planeta. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, (FAO) estima que unos 1.500 millones de personas en el mundo sufren de hambre y desnutrición, y Etiopía es una de las naciones que lidera el ranking. Si la comida sigue subiendo de precio, su tendencia en los últimos meses, la consecuencia lógica será que aumente la cifra de miles de personas que mueren al día a causa del hambre. Stop. Disculpen, pero quiero frenarme en esa última frase: “Miles de personas mueren al día a causa del hambre” una oración que ya no dice nada, tal como no dice nada "Se están quemando nuestros bosques" o "Salvemos las ballenas". Pero, por un momento, detengámonos en esa frase: Miles de personas se mueren, cada 24 horas, por no tener nada para comer. Esas miles son 25.0OO al día, 750.000 al mes. A partir de hoy, y, en apenas seis años, morirán de hambre en el mundo la misma cantidad de personas que toda la población de Colombia.
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