La semana pasada, se encontró un cuerpo lleno de balas en un basurero cerca de Lázaro Cárdenas, una ciudad en el estado de Michoacán, en el oeste de México. Era el de Miguel Ángel Villagómez Valle, editor de un periódico michoacano. Fue visto por última vez saliendo de su oficina un día antes, el 9 de octubre.
El periódico de Villagómez, "Noticias de Michoacán", cubre ampliamente los temas de tráfico de drogas, corrupción y crimen organizado; razón para convertirlo en un blanco. Según el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ), un mes antes de su muerte, le dijo a su familia que había recibido una llamada amenazadora de los Zetas, ex soldados que trabajaban para el poderoso cartel del Golfo. Advirtió a su familia que estuviera alerta.
Por desgracia, su caso es el último en una serie de secuestros, desapariciones y asesinatos de periodistas ocurridos el año pasado en México, que es ahora uno de los países más peligrosos de América para los periodistas y profesionales de los medios, e incluso supera a Colombia. Durante los últimos ocho años, al menos 24 periodistas y trabajadores de los medios han sido muertos, ocho siguen desaparecidos y docenas han sido amenazados, dice ARTICLE19-México.
Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Villagómez no fue el único periodista asesinado ese día. David García Monroy, un periodista independiente que trabajaba con el periódico "La Jornada" y "El Diario de Chihuahua", fue una de las 11 personas muertas cuando unos sicarios irrumpieron en el bar donde se encontraba en la ciudad de Chihuahua, en el norte del país y abrieron fuego.
"Estos últimos asesinatos demuestran lo urgente que es la necesidad de desafiar la impunidad, encontrar a los asesinos y llevarlos ante la justicia", dijo la FIP.
La impunidad por los crímenes de prensa constituye una de las características más alarmantes de la situación de derechos humanos en general en México. México se encuentra en el décimo lugar en el Índice de la impunidad del CPJ, una lista de países en los que se asesina a periodistas en forma habitual y los gobiernos no resuelven los crímenes.
Los miembros de IFEX que trabajan en México dicen que es tiempo para que el Gobierno se involucre. "El Estado tiene el deber de prevenir e investigar esos acontecimientos, publicar a los perpetradores y garantizar que las víctimas reciban una compensación adecuada. Ya sea que los perpetradores sean el crimen organizado, los narcotraficantes u otros grupos que actúan fuera o incluso dentro de la ley, el Estado es responsable de salvaguardar a los comunicadores dentro de su jurisdicción", dijeron ARTICLE 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).
Según la ley actual, por lo general las autoridades estatales son las que investigan las agresiones contra periodistas. Pero debido al deficiente historial de persecuciones exitosas, el mes pasado el Congreso mexicano prometió presentar un proyecto de ley que convertiría en delito federal los delitos contra periodistas y garantizar investigaciones federales de los asesinatos de periodistas.
"Si esto no se hace, la libertad de prensa sufrirá mientras las investigaciones de asesinatos de los trabajadores de los medios se desintegran frente a la corrupción local", dijo la FIP.
Con el Gobierno haciendo poco para proteger a sus periodistas, los grupos de libertad de prensa comenzaron su propia campaña contra el asesinato violento y enfocado de sus colegas. Hace apenas una semana, ARTICLE 19 y el Instituto Internacional de Seguridad en las Noticias (INSI) lanzaron la primera conferencia regional que se haya hecho que se concentra en los peligros que enfrentan los periodistas en América, acertadamente con sede en la ciudad de México. Más de 140 delegados recibieron directrices de seguridad y capacitación de editores y periodistas de zonas candentes de América Latina, como la infestada de drogas Tijuana en México, las líneas de combate de Colombia y las favelas de Brasil.
Los participantes crearon un grupo nacional de seguridad de los medios específicamente para México para identificar soluciones prácticas a los peligros que enfrentan todos los días los periodistas y profesionales de los medios en el país. "Es tiempo de que las organizaciones de periodistas, directores y propietarios de medios asuman su papel para exigir el nivel de seguridad necesario para ejercer la libertad de prensa", dijo ARTICLE 19. "Las demandas fundamentales tienen que venir desde adentro".
En su Asamblea General celebrada este mes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) observó cuatro importantes tendencias para la libertad de prensa en América Latina: el empeoramiento de las relaciones entre Gobierno y la prensa el uso inadecuado por parte del Gobierno de los fondos públicos para presionar a los medios y discriminar en su contra al conceder o negarla publicidad; la aprobación de leyes de libertad de información, como en Guatemala y Chile; y más incidentes de violencia contra periodistas.
Ocho periodistas murieron en América Latina tan solo este año, dice la SIP; la cifra no incluye las muertes de la semana pasada. Si el actual clima de impunidad y violencia relacionada con las drogas en México es una indicación, no parece que la situación de la libertad de prensa en América Latina vaya a mejorar pronto.
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