Etiopía aprobó una nueva ley de medios que prohibe la censura a medios privados y la detención de periodistas, pero que según los críticos conserva otras amenazas a la libre expresión.
"Según la nueva ley, las anteriores restricciones contra las empresas de medios de comunicación privados, como la detención de periodistas sospechosos de infringir la ley, se derogaron", dijo una declaración del Parlamento.
Pero los miembros de la oposición dicen que la ley, aprobada el 1 de julio, sigue permitiendo a los fiscales del estado invocar la seguridad nacionalcomo motivo para incautarse de materiales de publicación antes de su publicación y distribución.
El parlamentario de oposición Temesgen Zewede dijo a los reporteros:"Aunque se abolió la censura, el derecho a incautarse de materiales deprensa antes de la distribución es equivalente a la censura"
El Gobierno también está planeando imponer controles estrictos y sanciones penales "draconianas" a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en una ley separada, dicen Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Etiopía dice que el proyecto de ley sobre asociaciones de beneficencia y sociedades es una manera para que las ONG sean transparentes en lo financiero y rindan cuentas a sus partes interesadas. Pero Human Rights Watch dice que la intención del Gobierno es "consolidar esa tendencia al quitar el 'no' de 'no gubernamental' y poner a la sociedad civil bajo elcontrol del Gobierno."
Por ejemplo, el proyecto de ley impone severas sanciones penales para cualquiera que participe en una actividad "ilegal" de la sociedad civil: penas de cárcel por participar en una asamblea celebrada por una organización ilegal o propagar la información de la organización.
¿Quién decide cuáles ONG son ilegales? El Gobierno, por supuesto; el proyecto de ley dispone la creación de un Organismo de Asociaciones de Beneficencia y Sociedad con amplias facultades para otorgar licencias a las ONG, vigilar sus actividades e interferir en su administración y asuntos de personal, dice Human Rights Watch.
Además, no se permite a las ONG que no sean etíopes realizar trabajo relacionado con los derechos humanos, lo que hace difícil que los miembros de IFEX informen de las infracciones a la libre expresión o se dediquen a actividades de derechos humanos en el país. Mientras tanto, las ONG etíopes de derechos humanos que reciban más de 10 por ciento de financiamiento de fuentes extranjeras se considerarán extranjeras y pueden ser cerradas.
"Las disposiciones clave de la ley son mecanismos burdos y de mano dura para controlar y vigilar a los grupos de la sociedad civil y castigar a aquellos cuyo trabajo disgusta al Gobierno", dicen Human Rights Watch yAmnistía. "También podrá restringir gran parte del trabajo relacionado con el desarrollo que actualmente efectúan algunos de los socios internacionales clave de Etiopía".
Human Rights Watch y Amnistía están pidiendo a los Gobiernos donantes, especialmente los mayores donantes de Etiopía, Estados Unidos y el ReinoUnido, que hablen públicamente contra la penalización del trabajo dederechos humanos en Etiopía.
"Su política de silencio ha tenido el efecto de dar ánimos al Gobierno etíope para emprender nuevos ataques contra los derechos humanos, uno de cuyos ejemplos es el proyecto de ley de ONG", dice Human Rights Watch.
El primer ministro Meles Zenawi, alguna vez considerado un pionero de la democracia en África, ha visto como su reputación se desvanece tras laviolencia postelectoral que mató a 200 personas en 2005. Periodista y miembros de la oposición considerados como simpatizantes de los manifestantes fueron arrestados y acusados de traición y ahora la oposición política formal se ha extinguido casi por completo en casi todo el país.
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