En estado de zozobra se encuentran varios periodistas en Cali, Valle del Cauca, como consecuencia de una serie de llamadas intimidatorias que han recibido en las últimas semanas. En los mensajes les insinúan - o piden explícitamente - cesar las informaciones sobre los presuntos vínculos de miembros de la Policía con bandas delincuenciales, denunciados recientemente por la Fiscalía General de la Nación de esa ciudad.
Se trata de periodistas de diferentes medios locales y nacionales que venían cubriendo la investigación que adelanta la Fiscalía sobre la supuesta participación de miembros de la Sijín – Seccional de Policía Judicial – en más de 14 hurtos a entidades bancarias y un vehículo de valores, entre otros. Los policías habrían actuado en conjunto con bandas de asaltantes de la ciudad. Hasta el momento se han producido siete capturas de uniformados.
Un periodista que pidió a la FLIP la reserva de su nombre, manifestó que desde que los medios comenzaron a informar sobre las capturas ordenadas por la Fiscalía, diferentes colegas empezaron a recibir llamadas extrañas a sus salas de redacción y celulares. En ellas les hacen referencia al tema y les piden que no informen más sobre el caso.
Según le comentaron varios periodistas a la FLIP, quienes prefirieron no ser mencionados por razones de seguridad, han recibido llamadas anónimas provenientes de números privados (que no se pueden identificar) donde les dicen “no siga hablando de la Policía”; “no queremos ver más esa información en su medio”. A otro le dijeron: “¿entonces qué? ¿Hoy van a denunciar a otro policía?
Otros periodistas señalaron que recibieron llamadas de personas de los altos mandos de la Policía de Cali, que les reclamaron el hecho de haber sido mencionados en sus informes periodísticos como presuntos implicados. Los periodistas aclaran que tales reclamos se hicieron de forma respetuosa. Un reportero le comentó a la FLIP que aunque estas llamadas no han tenido nada de agresivo, tienen el propósito de intimidar y frenar la difusión de lo que está sucediendo. Al respecto, un comunicador añadió: “los nombramos en nuestras notas porque varios informantes de la Fiscalía los han señalado en las audiencias públicas como involucrados”.
En diálogo con la FLIP, otro comunicador manifestó que en una de las llamadas le hicieron una amenaza directa. Le dijeron: “si sigue hablando mierda, aténgase a las consecuencias”, e inmediatamente colgaron. La llamada se produjo pocos minutos después de haber finalizado una edición de su noticiero, se había dedicado un espacio para informar del escándalo de la Policía.
La situación ha sido tal, que varios medios de comunicación nacionales han optado por pedirles a sus corresponsales que no trabajen más el tema. En los últimos días estos medios han informado del caso desde Bogotá.
Por su parte, el coronel Oswaldo Aragón, coordinador del grupo de Derechos humanos de la Policía Nacional, dijo a la FLIP que no tenía conocimiento de los hechos pero aseguró que estará pendiente para coordinar las medidas de protección necesarias para los periodistas. En reiteradas oportunidades la FLIP trató de contactar al comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Gustavo Adolfo Ricaurte, pero no fue posible.
Graves hechos rodean la investigación de la Fiscalía
La investigación que aparentemente originó las intimidaciones ha estado rodeada de graves irregularidades. Durante el transcurso de ésta, nueve personas han sido asesinadas. Una de ellas fue el teniente Francisco Peña, jefe del grupo Contraatracos de la Sijín. Las demás personas asesinadas, según la Fiscalía, serían delincuentes involucrados en esta alianza con policías. A esto se le suma la desaparición de otros dos uniformados. Según Alejandro Padrón, director Seccional de Fiscalías de Cali, estos crímenes tenían como objetivo eliminar a testigos y personas que pudieran ayudar a seguir esclareciendo los hechos.
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La FLIP ve manifiesta su preocupación por estos hechos, que han sumido en un estado de temor generalizado a los periodistas de Cali. La FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue estas intimidaciones y determine si están relacionadas, como parece, con las recientes denuncias referidas de los periodistas. Por último, exhorta a las autoridades locales a que presenten una protección preventiva a los periodistas y medios de comunicación locales.
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