Día mundial contra la pena de muerte : la urgencia de su abolición concierne también a la prensa

Con ocasión del 6º Día mundial contra la pena de muerte, que se celebra el 10 de octubre de 2008, Reporteros sin Fronteras quiere sacar a la luz un aspecto que sigue de actualidad, en el escándalo político y humano que significa una sanción tan arcaíca : su utilización con los periodistas, o los defensores de la libertad de expresión.

«Ciertamente, cuando se trata de la pena de muerte resulta muy delicado subrayar la abyección de un caso en relación a otro. Pero queremos sacar a la luz uno de sus aspectos perversos, que afecta directamente a los periodistas y a la libertad de expresión con el objetivo de, una vez más, contradecir a los que todavía dudan en movilizarse por su abolición, con la excusa de que esa irreparable sanción solamente va dirigida contra los criminales más odiosos », ha declarado la organización.

Ahora el caso más emblemático tiene lugar en un país que, paradójicamente, se encuentra bajo vigilancia de poderosas democracias parlamentarias. Afganistán. En una celda de una cárcel de Kabul, el joven periodista y estudiante Sayed Perwiz Kambakhsh, colaborador de la revista Jahan-e Naw (« El Nuevo Mundo »), espera la conclusión de un interminable proceso de apelación, por « blasfemo ». A pesar de la movilización de muchos compañeros y escritores afganos, el joven sigue sentenciado a una pena de muerte, dictada en enero de 2008 por la sala primera de un tribunal de Mazar-i-Charif, al final de un juicio expeditivo, celebrado a puerta cerrada y en ausencia de su abogado. El próximo 17 de octubre iniciará su segundo año de detención, un castigo que ya resulta extremadamente duro para el delito de haber supuestamente guardado en su casa algunos escritos sobre el lugar de la mujer musulmana en la sociedad. Con el apoyo de documentos médicos se ha demostrado que a Sayed Perwiz Kambakhsh le torturaron durante su detención.

El año anterior, un caso similar en Irán vino a recordar que la pena capital puede ser una herramienta terrorífica para silenciar las voces que molestan. Adnan Hassanpour, de 26 años, periodista del semanario hoy prohibido Asou y colaborador de varios medios de comunicación extranjeros, fue detenido el 25 de enero de 2007 y encerrado en la cárcel de Mahabad (Kurdistán). En septiembre de 2008 la justicia iraní, que primero le condenó dos veces a muerte por « actividades subversivas contra la seguridad nacional », decidió finalmente que no se le podía considerar un « mohareb » (enemigo de Dios) y envió su caso a un tribunal civil del kurdistán iraní. El joven, ardiente defensor de los derechos culturales kurdos, se encuentra hoy internado en la cárcel central de Sanandaj. Ya ha efectuado dos huelgas de hambre para denunciar sus condiciones de detención.

Por otra parte en Irán la acusación de ser un « mohareb », que puede castigarse con la pena capital y cuya definición es extremadamente vaga, es un arma utilizada frecuentemente para poner en guardia a quienes pudieran caer en la tentación de desafiar a las autoridades del momento. Así, en 2005, el blogger Mojtaba Saminejad fue perseguido por « insulto a los profetas » antes de que finalmente le declararan inocente.

Los defensores de la abolición de la pena de muerte también pueden sufrir una represión sistemática. Desde hace varios años un periodista y militante abolicionista sufre las iras de las autoridades iraníes, pagando con frecuencia por su lucha el precio de su libertad. Emadoldin Baghi fue detenido por primera vez el 14 de octubre de 2007, tras verse acusado de « propaganda en contra del régimen » y « publicación de documentos gubernamentales secretos conseguidos con ayuda de presos, detenidos en establecimientos especiales por atentar a la seguridad ». Acababa de fundar la asociación Los Guardianes del derecho a la vida, la primera organización que defiende la abolición de la pena de muerte en Irán. Ferviente militante, distinguido en 2005 con el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa, cumplió una condena de tres años de cárcel entre 2000 y 2003, tras la publicación de un libro-investigación sobre una oleada de asesinatos de intelectuales y periodistas, que tuvo lugar en 1998. Y por defender, en un editorial del diario Neshat, una visión moderna del Islam en relación con la pena de muerte.

Pero las autoridades de Teherán no dan su brazo a torcer. Hasta el punto de que el parlamento aprobó en primera lectura, en julio de 2008, una ley extremadamente dura destinada a « reforzar las penas para los crímenes contra la seguridad moral de la sociedad ». Si definitivamente se adoptara, esa legislación única en el mundo castigaría con la « horca » o « amputación de la mano derecha y después del pie izquierdo » la « creación de blogs y sitios de Internet que promocionen la corrupción, la prostitución y la apostasía ».

Evidentemente, el mundo musulmánm no es el único concernido. En noviembre de 2005 las autoridades etíopes encarcelaron y juzgaron por « alta traición » y « genocidido » a los cuadros del principal partido de la oposición, así como a una veintena de directores de periódicos que les habían apoyado después de que se produjeran unas sangrientas revueltas tras conocerse el resultado de las elecciones legislativas, supuestamente ganadas por el partido del Primer Ministro, Meles Zenawi. Declarados inocentes, o amnistiados, en 2007, algunos de ellos habían sido condenados a muerte por lo que el poder consideró como un intento de golpe de Estado, con motivaciones étnicas.

Finalmente, el caso en Estados Unidos del periodista radiofónico y militante de las Black Panthers Mumia Abu-Jamal viene también a recordar que la pena de muerte no está abolida en la primera potencia mundial. Condenado a la pena capital en 1982 por el asesinato, del que siempre ha negado ser su autor, del policía Daniel Faulkner, Mumia Abu-Jamal ha pasado 26 años en el « corredor de la muerte ». En marzo de 2008, el tribunal federal de apelación de Filadelfia conmutó casi por unanimidad esa condena por la de reclusión criminal perpetua ; una decisión que todavía puede recurrir la acusación.