Los particulares y grupos ricos y poderosos implicados en disputas por la tierra en Camboya utilizan cada vez más su poder para silenciar a sus opositores mediante el sistema de justicia penal, ha dicho hoy Amnistía Internacional, pidiendo más protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En el documento informativo ’A risky business - defending the right to housing’, Amnistía Internacional ofrece ejemplos de los abusos perpetrados en los dos últimos años contra los derechos humanos de defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en la promoción de los derechos a la tierra y en contra de los desalojos forzosos en Camboya.
Chhea Ny, que ostenta el cargo no oficial de jefe de aldea y fue puesto en libertad en diciembre de 2007 tras pasar 16 meses en prisión, dijo a Amnistía Internacional: «Me encadenaron y me mantuvieron recluido una semana en la oscura celda de una prisión. Estaba abatidísimo. No me dejaban lavarme. Pasada una semana, me quitaron la cadena de las piernas, me dejaron salir al aire libre y luego se disculparon: dijeron que habían cometido un error y habían castigado a la persona equivocada”. Chhea Ny había sido detenido en agosto de 2006 por una larga disputa por la tierra con funcionarios locales, empresarios y militares de alta graduación en la aldea de Boeung Pram, provincia de Battambang.»Su caso es un ejemplo patente de lo que ocurre cuando el sistema legal no protege los derechos humanos ni sirve a la justicia”, ha dicho Brittis Edman, investigadora sobre Camboya de Amnistía Internacional.
Según grupos locales de derechos humanos, en los dos últimos años el número de activistas en favor de los derechos a la tierra detenidos casi se ha duplicado, pasando de 78 en 2006 a 149 en 2007. Este aumento se corresponde con el del número de informes que denuncian la detención injusta de estos activistas por la policía, la presentación de cargos penales sin base contra ellos por los fiscales y las amenazas de detención o encarcelamiento por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios de los tribunales.
"El rápido aumento del número de activistas pacíficos en favor de los derechos a la tierra que están en prisión es ya de por sí un grave motivo de preocupación. Pero, además, todo defensor o defensora de los derechos humanos encarcelado se convierte en un instrumento para intimidar a otros, al demostrar que la detención, los juicios y el encarcelamiento son amenazas reales”, ha dicho Brittis Edman.
“Las autoridades de Camboya deben asegurarse de que el sistema legal protege de forma justa a todas las partes implicadas en las disputas por la tierra y la protección de los derechos humanos, e investigar las denuncias de intimidación y detención ilegal de defensores y defensoras de los derechos humanos.”
Información complementaria.
Los ataques contra estos activistas violan las disposiciones internacionales de derechos humanos que garantizan los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión y el derecho a participar en la vida pública. Van contra la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de la ONU, que refleja y detalla estos derechos. En muchos casos se han violado otros derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, como el derecho a la igualdad ante los tribunales y a no ser sometidos a detención y reclusión arbitrarias.
En 2008 se sabe que unos 150.000 camboyanos viven en peligro de desalojo forzoso tras disputas por la tierra, apropiación de tierras y proyectos de reurbanización urbanos y agroindustriales. Decenas de miles de personas han sido víctimas ya de desalojos forzosos en los últimos años. Muchas de ellas se han quedado sin hogar, otras han sido reubicadas en lugares inadecuados para su reasentamiento, con malas infraestructuras, falta de servicios básicos, incluidos los sanitarios, y acceso limitado a oportunidades de empleo.
En un informe publicado en febrero de 2008, Amnistía Internacional mostró cómo las autoridades camboyanas no protegen ni en la ley ni en la práctica a la población contra los desalojos forzosos. Por el contrario, las personas que gozan de poder económico o político pueden actuar con impunidad expropiando tierras arbitrariamente. Y lo hacen en connivencia con las autoridades locales consiguiendo así la emisión de títulos de propiedad y órdenes de desalojo de autenticidad dudosa y el mal uso del sistema judicial para impedir que las víctimas actúen en defensa de sus derechos.
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