FUENTE: El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Lima
(IPYS/IFEX) - El 12 de septiembre de 2008, el camarógrafo Eduardo Molina, de la cadena de televisión Red Telesistema (RTS), fue agredido por manifestantes que esperaban la llegada del presidente Rafael Correa al hotel Hilton Colón, en la ciudad de Guayaquil.
El hecho ocurrió cuando el camarógrafo cubría un enfrentamiento entre los simpatizantes del No y el Sí para el futuro referéndum aprobatorio de la nueva Constitución. Un simpatizante del Sí agredió al camarógrafo e intentó arrebatarle su cámara para impedir la cobertura del enfrentamiento.
Como el sujeto pertenece al grupo que apoya el Sí, sucedido el incidente la hermana del presidente y directora de la oficialista Alianza País en Guayas, Pierina Correa, fue a las instalaciones de RTS para ver los vídeos del incidente e identificar a los autores de la agresión.
Correa reconoció a dos personas que efectivamente trabajan por el Sí, pero admitió que no conoce sus nombres.
Por otra parte, el 18 de agosto, el ministro de gobierno, Fernando Bustamante, dio a conocer una resolución ministerial que prohíbe a los medios de comunicación la grabación o toma de fotografías de las personas heridas en accidentes o víctimas de la delincuencia. La resolución deberá estar reglamentada a finales de septiembre.
El ministro informó que la medida fue consensuada con el fiscal de la nación, el comandante de la policía, el ministro de justicia y el defensor del pueblo.
La norma tiene aplicación inmediata al interior de las unidades médico legales, morgues y anfiteatros y en diligencias de levantamiento de cadáveres. Bustamante justificó la medida para disminuir la exposición de violencia y sangre en los medios de comunicación, y en el respeto de los derechos y dignidad de las personas afectadas por los hechos de violencia.
En adelante, la policía deberá acordonar las áreas donde ocurrieron accidentes para evitar la exposición de los cadáveres.
El Colegio de Periodistas del Guayas alertó sobre el peligro de que esta norma posibilite abusos de la autoridad o la restricción al libre ejercicio periodístico.
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) opina que si bien el anuncio del ministro podría ampararse en el derecho constitucional de las personas a resguardar su privacidad, la medida podría también abrir las puertas a eventuales abusos de autoridad que afecten el trabajo de los periodistas, por parte de autoridades policiales y funcionarios que, respaldándose de la norma, intenten limitar el trabajo de equipos periodísticos en zonas dónde se produzcan accidentes, tragedias o hechos violentos. Fundamedios está haciendo también un llamado a diarios y canales de televisión que podrían haber estado vulnerando el derecho a la privacidad de las personas, aún después de su muerte, a que impongan códigos internos claros que impidan que se sigan produciendo estos abusos.
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