FUENTE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Miami (SIP/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 23 de septiembre de 2008:
Miami (23 de septiembre de 2008) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por un proyecto de ley del Poder Ejecutivo brasileño que reforma las reglas sobre intercepciones telefónicas, permitiendo castigar con cárcel a los responsables de medios de comunicación y a los periodistas en caso de que divulguen información sin la autorización de un juez.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, respaldó la posición de la Asociación Nacional de Diarios (ANJ, siglas en portugués) quien en los últimos días criticó un proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al Congreso, que tratando de definir normas referente a la obtención ilegal de informaciones, "afecta directamente la libertad de prensa y por ende la convierte en una iniciativa autoritaria y antidemocrática".
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, agregó que "esta reforma, más allá de penalizar la conducta ilegal de los funcionarios involucrados en prácticas de escucha telefónica, también hace injustamente responsables a los periodistas por divulgar información que se les pudo haber filtrado y que podría ser de interés público, por lo que en definitiva se daña el derecho de la población a estar informada".
El proyecto de ley, ahora en discusión en la Cámara de Diputados, criminalizaría a la prensa, los periodistas y sus fuentes de información, por divulgar sin autorización judicial escuchas telefónicas ilegales o legales. La iniciativa propone cambios en el artículo 151 del Código Penal, aumentando de tres a cinco años la pena de cárcel y multa a quien "directamente o por medio de terceros" realice intercepciones telefónicas "para fines diversos a los previstos por la ley". El castigo se incrementa hasta en un 50% si se trata de un funcionario público. La aprobación final del proyecto, reformaría la Ley 9.296/06 que regula las intercepciones telefónicas.
El asunto de las grabaciones telefónicas clandestinas tiene su origen en denuncias sobre esta práctica contra políticos y contra integrantes del Supremo Tribunal Federal. El hecho más reciente fue la grabación de una conversación telefónica el pasado 15 de julio entre el presidente de SupremoTribunal Federal, Gilmar Mendes y el senador opositor Demóstenes Torres, cuya transcripción fue publicada por la revista Veja un mes más tarde. La publicación aclaró que la información habría sido proporcionada por una fuente anónima de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), organismo subordinado a la Presidencia de la República.
El hecho de quién habría ordenado la intercepción telefónica ha generado un debate interno en el gobierno central, involucrando a varias agencias del Estado, ministros y políticos, así como miembros de los poderes Judicial y Legislativo. En octubre de 2007, la Cámara de Diputados de Brasil creó una instancia, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), para indagar sobre escuchas telefónicas.
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