La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura evalúa este año en todo el mundo, con encuentros regionales como el de Cartagena de Indias, los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para el área de América Latina y el Caribe lo hace en esta norteña ciudad, donde «se fraguaron los derechos humanos y el derecho internacional humanitario» en el continente, recordó en la conferencia el ex canciller colombiano Augusto Ramírez Ocampo.
En este lugar en el siglo XVII, el sacerdote jesuita catalán Pedro Claver se rebeló contra los maltratos de que eran víctima los esclavos africanos.
Claver murió el 9 de septiembre de 1654 en esta ciudad, por entonces un gran puerto de tráfico esclavista. En su memoria, Colombia celebra en esta fecha el día nacional de los derechos humanos.
Fue en Bogotá donde nació, en abril de 1948, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, meses antes de la Declaración Universal.
A esta conferencia asisten representantes de organismos internacionales, del gobierno colombiano, cuerpo diplomático, estudiantes de colegios y universidades locales, así como una magra representación de la sociedad civil organizada.
Entre los conferencistas invitados están el subdirector general para las ciencias sociales y humanas de la Unesco, Pierre Sané, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para la comunicación y la información pública, Kiyotaka Akasaka, y el relator especial del foro mundial para la libertad de expresión, Frank La Rue Lewy.
En el continente, «todos los países tienen problemas en lo que respecta a violaciones de distinto tipo», dijo a IPS el argentino Santiago Cantón, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conferencista en el encuentro.
«Es pertinente que Unesco conmemore el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Colombia. También en 2008 se celebra el décimo aniversario de la declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos», indicó Andrew Hudson, del programa latinoamericano de la organización no gubernamental estadounidense Human Rights First.
«La celebración de estos aniversarios es importante», expresó a IPS desde Nueva York, y una oportunidad para reflejar «el fracaso de implementar en la región estas protecciones de derechos humanos».
Los gobiernos que asisten a la conferencia «deberían mejorar la grave situación de los defensores de derechos humanos», que permanece «alejada de las normas establecidas en estas declaraciones», advirtió.
La conferencia de la Unesco se desarrolla en medio de paradojas.
La confrontación armada interna de Colombia, enraizada en los años 40, ha llevado a que este país anfitrión registre la crisis humanitaria más grave del continente, según la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
El gobierno de Uribe anota la disminución en secuestros y homicidios, pero aumentan el desplazamiento, la desaparición forzada, las torturas y las detenciones arbitrarias. Colombia se mantiene como el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo.
Mientras el principal programa gubernamental es la seguridad, el incremento de las hostilidades plantea nuevas violaciones al derecho internacional humanitario.
El refinado entramado legal no se cumple. «El discurso político y la negación de la crisis humanitaria», según el director de la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Jorge Rojas, sirven para «desconocer la gravedad» de los hechos.
Lo más paradójico es que los defensores colombianos de derechos humanos, ellos mismos atacados o bajo amenaza, consideraron necesario defender a la comunidad internacional que coopera en esa materia en Colombia.
El ataque de mayor calado provino de los servicios de inteligencia y se conoció a través de los medios de prensa.
Según esos informes, la organización humanitaria colombiana Minga ayudó a guerrilleros de las campesinas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del pro-cubano Ejército de Liberación Nacional (ELN) a salir en calidad de refugiados del país y específicamente a buscar asilo en Canadá.
Minga rechazó los señalamientos. «Lo que hacemos es proteger a las personas amenazadas», dijo en Bogotá Gloria Flórez, directora de Minga, en rueda de prensa simultánea a la apertura de la conferencia regional de la Unesco.
«Estas personas, hombres y mujeres de este país, víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos, merecen todo el apoyo y el reconocimiento, no sólo de la sociedad, de nuestro país, sino de la comunidad internacional», agregó.
Para Flórez, la versión de los servicios de inteligencia «no va en contra exclusivamente de los defensores de derechos humanos», sino también «de los gobiernos y de un derecho importantísimo en el mundo, que es el que tiene cualquier ser humano en el planeta a ser protegido por los estados cuando su vida corre peligro».
Específicamente en Canadá encontró asilo Jairo Castillo, alias «Pitirri», un ex paramilitar de ultraderecha que ahora es testigo en los procesos judiciales contra los políticos vinculados con esas fuerzas parcialmente desmovilizadas.
Pitirri también ha testificado en el controvertido juicio contra el ex senador Mario Uribe, primo del presidente colombiano y su principal aliado político.
La directora de Minga expresó «toda nuestra solidaridad a los gobiernos europeos, al gobierno del Canadá, al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos de América Latina que han ayudado a proteger muchas vidas, a salvar a colombianos y colombianas que han estado en profundo riesgo».
Gracias a ello «se ha logrado que personas muy valiosas no sean asesinadas por atreverse a denunciar», remarcó.
Se solidarizó, asimismo, con las británicas Amnistía Internacional y Brigadas de Paz Internacionales, entre otras organizaciones humanitarias que han acompañado la tragedia colombiana «con un esfuerzo de observación y de denuncia», «de acompañamiento y protección de víctimas y de personas amenazadas por realizar una labor de denuncia».
Entre las recomendaciones a Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas está depurar los archivos de inteligencia sobre defensores de los derechos humanos.
Flórez considera que la mayoría de los asesinatos y desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos «se han producido por información que proviene de los organismos de inteligencia».
La labor que realizan los defensores de derechos humanos es «legítima, legal y necesaria para el estado de derecho y para la democracia colombiana», subrayó, y pidió a la Procuraduría General de la Nación, que vigila el comportamiento de todos los funcionarios, que investigue estos intentos de «desprestigiar nuestro trabajo».
Los organismos de seguridad del Estado no deben enfilar «contra la acción legal que desarrollamos los defensores de derechos humanos en el país, sino contra quienes cometen los crímenes».
En sus declaraciones públicas, el gobierno rechaza que existan movimientos de víctimas que señalan a organismos del Estado como responsable de las violaciones a los derechos humanos. (FIN/2008)
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