Días después de que un organismo oficial de la Organización de Estados Americanos reconoció el derecho del público a saber y a acceder a información pública, Chile aprobó su propia ley de "derecho a saber".
El 7 de agosto de 2008, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA adoptó principios sobre el derecho a la información, que incluyen el reconocimiento del acceso a la información en propiedad de organismos públicos como un derecho humano fundamental. ARTICLE 19, que auxilió al comité, saludó la resolución como una "orientación valiosa con respecto al alcance e implicaciones del derecho a la información".
En 1994 la Declaración de Chapultepec declaró que "Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público". Y en una decisión de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también un organismo de la OEA, había reconocido el derecho a la información como implícito en el derecho general a la libre expresión.
Pero la resolución de la comisión va más allá y pide definiciones amplias de organismos públicos; reglas simples y claras para procesar solicitudes; excepciones limitadas con justificación requerida para negar información; el derecho a apelar; y sanciones por obstruir el acceso.
El 11 de agosto, la presidenta Michelle Bachelet aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública de Chile, que exige que todos los niveles del estado proporcionen información solicitada por los ciudadanos en un plazo de 20 días. La ley, que entrará en vigor en abril de 2009, crea un Consejo de Transparencia que será responsable del cumplimiento y ante el cual los ciudadanos pueden apelar las denegaciones de información.
En Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) saludó la ley chilena como un importante paso "para garantizar y fortalecer los derechos democráticos plenos de sus ciudadanos". Al mismo tiempo la SIP hizo un llamado a los legisladores de Guatemala, Brasil, Argentina y Paraguay para avanzar en la transparencia oficial.
Gonzalo Marroquín, director del periódico guatemalteco "Prensa Libre" y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, repitió su solicitud al presidente guatemalteco Álvaro Colom de una pronta aprobación en el congreso de la Ley de Acceso a la Información Pública. La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) también pidió que se aprobara la ley.
Marroquín agregó que otros países de las Américas, en particular Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y la República Dominicana, deberían "poner en práctica campañas de información dirigidas a enseñar a los ciudadanos que hay una ley y cómo usarla".
En el plano internacional, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter envió la "Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el Avance del Derecho a la Información" a todos los jefes de Estado y líderes de organizaciones internacionales importantes. La declaración fue adoptada en febrero de 2008 en una conferencia en Atlanta en el Centro Carter; afirma que "el derecho de acceso a la información es fundamental para la participación ciudadana, el buen gobierno, la eficiencia en la administración pública, la fiscalización y la lucha contra la corrupción".
No hay comentarios:
Publicar un comentario