Los miembros de IFEX ARTICLE 19 y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) saludan la nueva ley de derecho a la información de Bangladesh, pero dicen que se puede mejorar.
La Ordenanza de Derecho a la Información, publicada en el diario oficial de Bangladesh el 20 de octubre, especifica que los organismos públicos tienen 20 días para proporcionar información solicitada por los ciudadanos. En solicitudes que impliquen el derecho a la vida y la libertad, las autoridades implicadas tendrían que dar la respuesta en un plazo de 48 horas.
La ordenanza preve la creación de una Comisión de Información independiente y de alto nivel, con amplios poderes para garantizar que se implemente correctamente la ley y para resolver las quejas del público. Los organismos públicos tienen la obligación de manejar las peticiones de acceso a la información.
Los cargos por acceso a la información también mejoraron, con cargos fijos y disposiciones para no exigir cargos en el caso de ciertas categorías de solicitantes.
Aunque ARTICLE 19 saluda la ley, señala que las inquietudes planteadas en su análisis de marzo de 2008 de una versión preliminar de la ordenanza no se han resuelto.
La lista de excepciones sigue siendo demasiado amplia y el alcance de la información demasiado limitado. Ocho organismos de inteligencia y seguridad están exentos, por ejemplo, y las reglas permiten aportar información de interés público se eliminaron. Además, la ley no ofrece protección para los denunciantes internos.
Tahmina Rahman, directora de ARTICLE 19-Bangladesh, dijo "Este es un avance muy importante para Bangladesh. Aunque ARTICLE 19 tiene algunas inquietudes... creemos que se pueden abordar y que ahora la prioridad se relaciona con estrategias eficaces para la implementación de la nueva ley".
ARTICLE 19, junto con los socios locales Mass Line Media Centre, Shushashoner Jonno Pracharavijan y la ONG de Bangladesh Red para Radio y Comunicación, dice que es esencial que el proceso de establecer la comisión y las reglas para implementar la ley proceso deberían incluir la participación de grupos de la sociedad civil local, periodistas, usuarios potenciales de la ley y promotores de la libre expresión.
La FIP está instando al Gobierno a considerar una posible no exigencia de los cargos para los periodistas que busquen informar "sobre cuestiones de importancia pública urgente", y un marco de tiempo más corto para que se consideren, especialmente en investigaciones de medios de corrupción y abusos contra los derechos humanos.
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