La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca cometió irregularidades en las investigaciones sobre el asesinato del periodista estadounidense, Brad Roland Will, ocurrido el 27 de octubre del 2006 en Oaxaca, reportó El Universal.
La versión oficial decía que Will murió de un tiro a quemarropa mientras cubría actos de protesta contra el gobierno, pero en realidad recibió dos disparos sucesivos de una misma arma, ambos hechos de una distancia de entre 35 y 50 metros y por la misma persona, reportó EFE.
Will era camarógrafo de la cadena independiente Indymedia para la que cubrió una revuelta popular contra el gobierno de Oaxaca. El reportero murió durante una de las violentas confrontaciones entre la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y sus simpatizantes contra fuerzas de seguridad, contextualiza Associated Press.
La CNDH afirmó que en estas investigaciones los funcionarios públicos federales y estatales "involucrados en este hecho incurrieron en irregularidades que vulneraron los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y debida protección y acceso a la justicia en agravio de los padres y familiares del periodista fallecido". Entre las irregularidades figuran el fijar sin bases la hora de la muerte, confusiones sobre partes anatómicas y estatura sin la presencia del cadáver, además de numerosas deficiencias técnicas de la investigación criminalística, agrega la nota de EFE.
La versión oficial decía que Will murió de un tiro a quemarropa mientras cubría actos de protesta contra el gobierno, pero en realidad recibió dos disparos sucesivos de una misma arma, ambos hechos de una distancia de entre 35 y 50 metros y por la misma persona, reportó EFE.
Will era camarógrafo de la cadena independiente Indymedia para la que cubrió una revuelta popular contra el gobierno de Oaxaca. El reportero murió durante una de las violentas confrontaciones entre la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y sus simpatizantes contra fuerzas de seguridad, contextualiza Associated Press.
La CNDH afirmó que en estas investigaciones los funcionarios públicos federales y estatales "involucrados en este hecho incurrieron en irregularidades que vulneraron los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y debida protección y acceso a la justicia en agravio de los padres y familiares del periodista fallecido". Entre las irregularidades figuran el fijar sin bases la hora de la muerte, confusiones sobre partes anatómicas y estatura sin la presencia del cadáver, además de numerosas deficiencias técnicas de la investigación criminalística, agrega la nota de EFE.
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