Reporteros sin Fronteras quiere conseguir que las autoridades expliquen los motivos y las circunstancias de la detención, el 20 de enero de 2009 en Ñaño Loma (región de Pichincha, Norte), de Francisco Farinango, de la emisora comunitaria Radio Intipacho. La detención se produjo al margen de las manifestaciones nacionales de comunidades indígenas contra la nueva ley minera que, localmente, terminaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
"Un ambiente de manifestación, incluso de motín, hace difícilmente verificable la versión de que Francisco Farinango habría 'incitado' a los miembros de su comunidad a rebelarse. ¿Por qué él, en particular? De hecho, un periodista comunitario es testigo y actor de los acontecimientos que afectan a su comunidad, quizá un testigo molesto en situaciones de crisis. Nos tememos que la detención de Francisco Farinango sirva para castigar al medio en que trabaja, y pedimos a las autoridades que aclaren las causas", declaró la organización.
El 20 de enero, las comunidades indígenas de nueve de las 24 provincias ecuatorianas protestaron por las consecuencias medioambientales que tiene en sus territorios una nueva ley que permite la extracción de minerales a cielo abierto. La jornada estuvo puntuada por algunos bloqueos de carreteras y enfrentamientos localizados con la policía.
Francisco Farinango, de Radio Intipacho, fue detenido con otros tres miembros de la comunidad Tupigachi al margen de una manifestación en la provincia de Pichincha, donde se ubica Quito. Según fuentes policiales, citadas por la prensa nacional, al periodista le acusan de "incitar" a sus compañeros a manifestarse y próximamente debería comparecer ante la fiscalía. En total detuvieron a nueve personas y hubo seis heridos en la movilización.
A través del Ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, el poder ejecutivo denunció un "intento de desestabilización del país, y de su gobierno". Esa declaración generó un clamor de los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), que replicaron considerando responsables de la integridad física de los detenidos a Fernando Bustamante, su homólogo en la Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, y al Presidente de la República, Rafael Correa Delgado.
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