FUENTE: Federación Internacional de Periodistas, Bruselas
(FIP/IFEX) - El 12 de agosto de 2008, el sociólogo, periodista y escritor Alfredo Molano debe comparecer ante un juez para responder, en audiencia preparatoria, por los cargos de injuria y calumnia presentados en su contra. El Centro de Solidaridad de la FIP y la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), quieren manifestar su preocupación por lo que parece ser un nuevo capítulo de acoso judicial que, de manera intermitente pero constante, busca silenciar voces críticas en los medios de comunicación.
En febrero de 2007 Molano publicó en el diario "El Espectador" una columna titulada "Araújos et al". Por esta columna de opinión, Molano fue denunciado ante la Fiscalía, donde le formularon cargos por injuria y calumnia.
Los querellantes son Andrés Alfredo Araujo Ariza y Andrés Alfredo Rafael Molina Araujo. Ellos, además, exhiben poderes de Hernán Felipe Araujo Ariza y Maria Mercedes Molina Araujo.
El artículo 20 de la Constitución Política señala que "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura".
Molano afirmó en una carta enviada a diferentes organizaciones sociales que los denunciantes exigieron que la única conciliación posible consistía en la publicación de una rectificación en el diario "El Espectador", previa aprobación de su texto por parte de ellos. Molano se negó por considerar esta propuesta un atentado a la libre expresión.
En la diligencia de conciliación, Molano declaró que solo estaba dispuesto a precisar su opinión consultando a ciudadanos de Valledupar sobre la conducta histórica de los notables de la región. Los abogados querellantes no aceptaron la propuesta.
En la audiencia pública de formulación de imputación realizada el 6 de mayo, uno de los argumentos de la defensa del columnista, es que los notables de Valledupar no son solamente los Araujo y por tanto los señalamientos hechos no necesariamente implican a los Araujo. Según la defensa la intención de Molano fue la de pintar un clima social y político donde los Araujo viven y actúan.
Ceso-FIP viene denunciando una perversa modalidad de restricción a la libertad de expresión y de información: el acoso judicial. Así lo manifestó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencia celebrada en el 2007 y en su informe presentado para el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas en julio de 2008.
Recientemente en Colombia se ha incrementado la práctica de intimidación a los periodistas por medio de acciones judiciales que da origen al debate sobre el acoso judicial y la necesidad de despenalizar los que comúnmente se conocen como "delitos de prensa".
El clima de polarización e intolerancia se traslada ahora a los estrados judiciales donde se busca restringir la libertad de opinión. Esta restricción no sólo se afecta el derecho de quien ahora está siendo procesado, sino también el derecho de toda la sociedad a conocer las opiniones de una persona que ha estudiado sobre el terreno la realidad de muchas regiones de Colombia. Estas opiniones que pretenden castigarse pueden servir para que los ciudadanos se construyan su propio criterio sobre lo que sucede en el país.
Esta modalidad de presión, el acoso judicial, busca cerrar el camino a quienes se han resistido a ceder ante la autocensura.
El acoso judicial con el que se pretende restringir la libertad de expresión y opinión es un arma contra la democracia. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que "la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública (. .. ) Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre".
Si se pierde ese derecho fundamental a la libertad de expresión, se pone en peligro la vigencia de todos los demás valores y principios imperantes en una sociedad democrática.
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