miércoles, 5 de noviembre de 2008

La mordaza aprieta


El Presidente cambia de táctica según su conveniencia: de insultos, descalificaciones y regaños a reporteros nacionales o internacionales, pasa al desconocimiento de las preguntas que formulan los periodistas. Aunque diga lo contrario, Uribe irrespeta a la prensa. Y atenta así contra la libertad de expresión. Todo para consolidar la manipulación y el unanimismo.
El país ya sabe que el Presidente es caprichoso. Y por eso, cuando quiere, suspende la programación de televisión sin previo aviso, quitándole a millones de personas la distracción a la que accede (mala, en general), y tras el Himno Nacional, habla, habla y habla. En televisión y radio. Por radio llamó en octubre de 2007 al periodista Daniel Coronell, y le dijo “cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional”.
Dos años antes, también por radio, le aseguró a Darío Arizmendi en Caracol, que Hollman Morris ya sabía de la toma que harían las Farc en Putumayo, con saldo de varios soldados muertos. Pero no recordó Uribe a la audiencia, que un mes antes, Morris, Coronell y Carlos Lozano fueron señalados por su gobierno de favorecer actos terroristas. Acusaciones que motivan acciones inmediatas por parte de hombres armados y que traen como consecuencia exilios, dolores, quiebras emocionales y distancias familiares.
“El 16 de mayo de 2005, recibimos coronas fúnebres. A raíz de eso, salí del país con mi familia y un mes después volví para hacer una nota para la BBC sobre el Plan Colombia en Putumayo, cubrimiento que coincidió con la toma guerrillera que el Presidente relacionó con mi presencia en la zona. A los pocos días dijo que era “una lamentable equivocación”, pero ya la vida se me había complicado más porque los seguimientos, las intercepciones, todo eso que se venía dando de tiempo atrás, aumentó”, dijo a POLO Hollman Morris, director de Contravía, el programa de televisión donde se denuncian casos de violación a los derechos humanos. (Canal Capital, lunes, 10:30 pm).
Coronell también tuvo que irse y se mantuvo en el exilio varios años. Y Lozano, director del semanario Voz, entra y sale del país porque hace años enfrenta hostigamientos, asesinato de colaboradores y restricciones en la circulación de la publicación.
A ellos se suman muchos periodistas en el exilio, otros tantos amenazados, y otros más que se autocensuran “mordiéndose los codos por la rabia que produce el silencio”, según dijo un reportero que ha cubierto información de la Casa de Nariño. Y lo dijo, en efecto, con rabia. ¡Todo bien, todo bien!

Álvaro Uribe Vélez tiene la curiosa costumbre de negar lo evidente. Como lo registra el portal web de Presidencia, en marzo de 2005, cuando dijo ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Panamá, que la regla entre el gobierno y los periodistas es la independencia. Que “los gobernantes no podemos pretender que los periodistas aplaudan todo lo que hacemos, ni los periodistas que los gobernantes hagan todo lo quieren”. Y enfatizó que en una relación armónica, no puede “claudicar esa independencia con el bien público”.
Aceptó –léase bien– que en sociedades como las nuestras, “con desigualdades, pobreza, terrorismo y corrupción, la prensa tiene que criticar. Puede ser que en el corto espacio uno se mortifique con las críticas, pero estoy seguro que en el examen más largo y profundo del periplo político, encuentre que las críticas eran la razón de ser y finalmente una expresión de salvamento institucional”. (¡!)
Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, es uno de los periodistas perseguidos, señalados, acusados e incluso disculpados en la historia reciente del periodismo criollo. Por amenazas tuvo que salir del país la primera vez en 1989 luego del atentado contra El Espectador, tras escribir una nota titulada “Los bienes legales de Pablo Escobar”.
La segunda vez, en 1998, por una nota relacionada con un cargamento de armas que involucraba a la British Petroleum con traficantes de armas israelíes, que motivó una investigación en el Parlamento inglés mientras él se exiliaba en Bolivia hasta confirmar que estaba por fuera de las poco amables listas internacionales de supuestos terroristas.
En esas condiciones, la prensa de investigación, la prensa de las verdades no se permite en Colombia. Solo por mencionar algunos nombres, vale recordar a Guillermo Cano, a Jaime Garzón, e incluso a Luis Carlos Galán, quien fue político después de ser periodista. “Por su naturaleza, el periodismo es uno de los objetivos del poder”, señala Javier Darío Restrepo.
También le pasó a Ignacio Gómez con una investigación que hizo sobre Werner Mauss, el alemán que tuvo vínculos con el ELN, y que motivó la imaginación de Uribe para afirmar que Gómez recibía plata de Mauss, cuando la verdad es que Gauss estaba denunciando a Gómez. “Siempre traté de demostrar que eso era mentira, pero el Presidente habla más duro que yo”, dijo a POLO, con la sonrisa y la mirada ingenua que no logra quitarle la vida dura de periodista. “Casi que me toca pagarle a Mauss”, dice.
Más cerca en el tiempo Un ejemplo reciente es el de Daniel Corenell, director de Noticias Uno y columnista de la revista Semana. El 22 de agosto anterior, el presidente Uribe solicitó abrir una nueva investigación penal por mantener en reserva declaraciones de Yidis Medina en 2004, sobre las prebendas ofrecidas a cambio del voto que favoreció su reelección. En abril la ex congresista reconoció los hechos, la entrevista se emitió y Uribe entró de nuevo en cólera, inculpando a Coronell por “obstrucción de procedimiento en curso al guardarse hechos y fuentes”.
Encuentre el informe completo aquí.

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