FUENTE: El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Lima
(IPYS/IFEX) - El 10 de septiembre de 2008, el director de la emisora Radio Uno, Fernando Rondinel, denunció que dos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) irrumpieron en la emisora para clausurarla. El hecho ocurrió en la ciudad de Tacna, al sur del país.
Según el MTC, la emisora no ha gestionado la renovación de su licencia, pero Rondinel afirmó que la renovación estaba en trámite y que esto puede ser verificado en la página web del ministerio. Para Rondinel, el hecho es un acoso del gobierno dirigido a presionar la emisora para que lo apoye.
Gracias a la intervención del fiscal de turno, los abogados de la radio convencieron a los representantes del MTC de suspender el operativo.
El periodista aseguró que desde hace algún tiempo el gobierno presiona a los directivos de Radio Uno para que dejen de criticarlo. Además, aseveró que el gobierno planea clausurar un grupo de radios que informa sobre los conflictos sociales, el mal uso de los recursos del canon minero y del gas, y la inflación, entre otros.
Por otra parte, el 4 de septiembre, el programa periodístico "Prensa Libre", de la televisora América Televisión, informó que el oficial mayor del Congreso de la República, José Abanto Valdivieso, se negó a proporcionar le información sobre los gastos operativos de cuatro parlamentarios realizados en fechas específicas porque, según el funcionario, la Contraloría General de la República estaba auditando el uso de esas partidas y la difusión de la información obstaculizaría la labor.
Tanto el referido programa como la unidad de investigación de América Televisión solicitaron por separado la información el 18 de agosto, invocando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El pedido se hizo luego de que, el 13 de agosto, "Prensa Libre" revelara que el congresista José Anaya Oropeza, del partido Unión por el Perú, presentó boletas falsificadas para justificar sus gastos operativos ante el Departamento de Contabilidad y Tesorería del Parlamento.
IPYS considera grave la actitud recurrente del Congreso de la República de negarse a brindar información pública, más aún tratándose del poder del estado que sancionó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Cabe recordar que en el 2007, el IPYS inició un proceso de hábeas data contra el Congreso por declarar secreta la sesión plenaria en donde se discutió la sanción contra la congresista oficialista Tula Benites, que contrató en el 2006 a un auxiliar que cobró su sueldo sin haber trabajado.
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