El pasado martes el representante a la Cámara Roy Barreras radicó un proyecto de ley que elimina la pena privativa de la libertad por los delitos de injuria y calumnia, y establece una multa como posible pena principal. Si bien el proyecto no se puede considerar una iniciativa de despenalización de los delitos de difamación – como se les conoce genéricamente –, y no plantea un cambio estructural frente a la legislación vigente, abre el debate sobre el efecto que éstos tienen para la libertad de expresión.
Con el propósito de enriquecer el debate público sobre este tema, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes (G-DIP) llevaron a cabo el seminario ‘Democracia, libertad de información y derecho penal: Un diálogo interdisciplinario sobre la sanción penal como mecanismo para proteger la honra y el buen nombre frente a los abusos de la libertad de información’. Esta discusión contó con el aporte de abogados especialistas en la materia como Ramiro Bejarano y Guillermo Puyana, y periodistas que han afrontado procesos penales en su contra, como Salud Hernández e Ignacio Gómez.
Como resultado de este evento, la FLIP y el G-DIP produjeron el documento de trabajo ‘Injuria y calumnia en Colombia. Democracia, libertad de información y derecho penal’. Allí se plantea un diálogo interdisciplinario en torno a las ventajas y las desventajas de la sanción penal como mecanismo para controlar los abusos de la libertad de información y proteger los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad de los ciudadanos.
Descargue en el documento y el proyecto de ley en la siguiente dirección:
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